“La mejora se dio aun cuando los ingresos fiscales cayeron 1% anual real. Los recursos tributarios cayeron 8% anual real, pero fueron compensados por el ingreso extraordinario derivado de la venta de acciones de centrales hidroeléctricas, que explicó por sí solo un tercio del resultado fiscal”, detalla el reporte. No obstante, los analistas advirtieron que estos ingresos son excepcionales y no constituyen una fuente recurrente para los próximos meses. Si el equipo económico no encuentra nuevas vías de financiamiento, la presión sobre el ajuste del gasto se intensificará.

La estructura del gasto mostró nuevas tensiones. Aunque el gasto primario logró contraerse 1% real anual gracias a recortes en programas sociales y reducción de gastos operativos, las jubilaciones y asignaciones familiares, que se ajustan automáticamente por movilidad, aumentaron en términos reales y sumaron presión sobre el presupuesto. LCG resaltó que los subsidios energéticos crecieron 191% real anual, mientras que el gasto en obra pública retrocedió 36% en el mismo período.

Según pudo saber Infobae a través del Registro Único de Audiencias, el 5 de febrero se realizó una reunión entre la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, para tratar el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Ante la negativa del Poder Ejecutivo a elevar impuestos, la brecha entre menores ingresos y mayores gastos obliga al Ministerio de Economía a buscar alternativas para financiar el déficit sin modificar la carga tributaria. En este contexto, las privatizaciones de empresas estatales emergen como una vía para obtener ingresos adicionales y cumplir con las metas fiscales.

Entre las compañías en análisis, el Ejecutivo concentra su atención en Intercargo y Transener, con el objetivo de avanzar en su privatización y facilitar el proceso para que Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) también pase a formar parte de los activos susceptibles de transferencia al sector privado. Economía estima que la venta de estas empresas podría aportar recursos frescos y contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos ante organismos multilaterales y el mercado.

No obstante, el informe de LCG subraya que el margen para nuevos recortes en el gasto resulta limitado, especialmente en rubros como jubilaciones y subsidios energéticos, que ya exhiben incrementos reales frente al año anterior. La consultora recomendó diversificar las fuentes de financiamiento y, en paralelo, monitorear el impacto de la venta de activos en la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Aunque se registró un nuevo resultado favorable, el Gobierno enfrenta la necesidad de renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la meta fiscal prevista para este año, considerada difícil de alcanzar, junto con el objetivo de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Una delegación técnica del FMI llegó a Buenos Aires para analizar los datos y proyecciones oficiales. El principal interés de los representantes del organismo estuvo en la meta de acumulación de reservas, que Argentina no logró cumplir a fines de 2025 (-USD 2.600 millones), y en la meta fiscal pactada para 2026.

Especialistas en economía advirtieron que el objetivo de equilibrio fiscal para 2026, establecido en 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), representa un desafío, dada la baja en la recaudación por la desaceleración de la economía y el escaso margen para recortar el gasto público. En este escenario, la revisión de los acuerdos se convierte en uno de los temas centrales del diálogo entre el Gobierno y el organismo multilateral.