Eterovich explicó que, en Argentina, el mecanismo judicial incentiva la acumulación de demandas por accidentes laborales o despidos, generando costos elevados para las empresas y resultados inciertos para los trabajadores: “La lógica es que, a diferencia de Chile o España, en Argentina los acuerdos extrajudiciales son la excepción: los casos llegan a la justicia porque el sistema legal, los incentivos de los abogados y la ausencia de un órgano de peritos imparcial lo facilitan”.

Otro aspecto destacado por la periodista fue la dispersión de criterios en la interpretación y aplicación de la ley. “Cada jurisdicción aplica tasas de ajuste distintas para el cálculo de indemnizaciones, lo que genera sentencias contradictorias. La inseguridad jurídica no sólo inquieta a los empleadores: los trabajadores también quedan sujetos a la arbitrariedad del juez de turno”, planteó. Este panorama se traduce en un contexto en el que “el mismo caso puede ser fallado de maneras diametralmente opuestas”.

Entre otras cosas, la periodista alertó que la indefinición normativa, sumada al tiempo que demoran los procesos, suele generar indemnizaciones económicas desmedidas. “Las tasas de ajuste aplicadas por los jueces pueden hacer el monto final impagable. En ocasiones, ocurre lo inverso: cuando la tasa queda por debajo de la inflación, el empleador se ve incentivado a dilatar el juicio para licuar el costo real”. Así, ambas partes se ven atrapadas en una lógica perversa: “El trabajador pierde poder adquisitivo y el empleador puede verse hundido por una sentencia extraordinaria años después”, dijo.