>El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 a cargo de Martín Cormick, que le prohíbe al Gobierno dar de baja de planes sociales a quienes participen en manifestaciones y actos violentos. En los despachos oficiales criticaron la decisión judicial y consideraron: “Favorece a los piquetes y los disturbios”.

El fallo suspende parcialmente la aplicación de la Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano, la cual disponía las “causales de egreso de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social”, entre las que destacan:

• También quedan fuera de los programas sociales los que “sean prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal”; “sean titulares de más de un bien inmueble”; “titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a diez años”; “perciban Jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas”; “perciban prestación o subsidio por desempleo” o, entre otros puntos, “hayan viajado al exterior el tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación correspondiente o a destinos que, por sus características —y a criterio de la Autoridad de Aplicación — sean consistentes con ingresos mayores a los previstos en las compatibilidades establecidas en el artículo anterior”.

   

  El magistrado entendió que esas disposiciones “revisten indicios de ilegitimidad”, en referencia a los artículos de la resolución que establecían la expulsión inmediata de beneficiarios que interrumpieran la circulación o participaran en actos de violencia. “Aceptar la aplicación de los señalados artículos atenta contra el derecho a ser oído del beneficiario”, en alusión a la falta de un procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa, sostuvo Cormik. También interpretó que: “Suspender el beneficio en forma inmediata puede generar un daño irreparable”, argumentando que la vulnerabilidad económica de los beneficiarios hace que una exclusión abrupta del programa sea particularmente grave.

   

  La resolución dictada el viernes pasado es en respuesta a un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo titular es Alejandro Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico, que cuestionó las condiciones impuestas por la cartera de Pettovello en los programas sociales que reemplazaron el plan Potenciar Trabajo en febrero de 2024. De esta manera, el magistrado, a solicitud de la UTEP, ataca las cuestiones de “egreso” de esos dos programas dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

  Desde el Ministerio de Capital Humano fueron enfáticos al rechazar uno por uno los argumentos del juez Martín Cormick para suspender la aplicación de los artículos de la Resolución 84/2024 que permitían excluir de los programas sociales “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” a quienes participaran en protestas o interrumpieran la circulación. Entre sus principales argumentos se destaca:

   

  • Los cambios en los planes sociales y las críticas

     

    La Resolución 84/2024, firmada por la ministra Sandra Pettovello el 9 de abril de 2024, establece la implementación de los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, en reemplazo del programa “Potenciar Trabajo”. de esta manera se formalizó la eliminación del programa Potenciar Trabajo y su reemplazo por dos nuevas iniciativas: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”.

    Por su parte, el Programa de Acompañamiento Social, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, apunta a fortalecer la inclusión social de los grupos más vulnerables. Serán incorporados automáticamente:

    • La resolución establece que la transferencia de beneficiarios será gestionada mediante una Resolución Conjunta de las secretarías responsables, la cual incluirá listados respaldados por informes técnicos. Otro punto clave es la eliminación de las Unidades de Gestión y Certificación que operaban dentro de Potenciar Trabajo, con el objetivo de evitar la intermediación en la asignación de los planes sociales. Diversas causas que tramitan en la justicia federal relatan testimonios de beneficiarios que era coaccionados para que asistan a marchas, actos y piquetes. En caso de no hacerlo les daban de baja al plan social e inclusive (así lo denunciaron las víctimas), se les retiraba los alimentos que el Estado entregaba a las organizaciones sociales para que asistan a los comedores que ellos mismos administraban. Desde Capital Humano se rompió con esa lógica y ahora la asistencia es directa, sin intermediación de dirigentes sociales y piqueteros.

       

      “El que corta no cobra”, fue una política de shock aplicada por la Casa Rosada para erradicar los piquetes y garantizar la libre circulación que fue puesta a prueba con éxito por primera vez el 20 de diciembre de 2023, es decir a diez días de asumir. Para esa fecha, los movimientos de izquierda, encabezados por el Polo Obrero de Eduardo Belliboni habían anunciado la primera marcha a Plaza de Mayo contra el Gobierno de La Libertad Avanza.

      Por entonces, Sandra Pettovello, anunció dos medidas que terminaron siendo claves en esa disputa: la confirmación de que les serán retirados los planes sociales a aquellos que corten el tránsito con los piqueteros que organizaron la marcha a Plaza de Mayo; y que ahora ninguna organización que intermedia los subsidios tendrá la facultad de certificar la prestación de un servicio. Se les retiró con una simple resolución el principal poder que tenían los jefes piqueteros y que les servía para obligar a participar de movilizaciones, sentadas y acampes.

       

      La otra decisión clave fue dispuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien puso en marcha el protocolo antipiquetes, para garantizar que se respete la libertad de tránsito. Es una medida que sacude parte de la cultura de cortes que se había naturalizado en la Argentina en las últimas décadas.

       

      Finalmente fue lo que sucedió: casi 200.000 llamadas se recibieron. Desde Seguridad de las clasifico y giró a la justicia. Se abrieron expedientes en todo el país. En uno de ellos, por ejemplo, está procesado el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de:

      • Desde el Ministerio de Capital Humano entendieron que el magistrado avaló que “quienes alteran el orden público y obstaculizan el derecho de circulación puedan seguir cobrando planes sociales”; por esa razón apelarán la medida después del feriado largo de carnavales. Desde esa cartera, y ante una consulta de Infobae, opinaron: “La condición de vulnerabilidad de una persona no puede servir de justificación para aceptar que ésta ejerza actos de violencia o contrarios a la ley y que afectan derechos de terceros”. Y recordaron que: “La experiencia ha demostrado el ejercicio de actos extorsivos sobre la condición de vulnerabilidad de ciudadanos que necesitan recurrir a programas sociales por parte de organizaciones sociales, para que éstos formen parte de manifestaciones que alteran el orden público y restrinjan el derecho de circulación de otros ciudadanos”.